Acuerdo de Escazú: Avances y Retos para la Democracia Ambiental en Colombia

Desde Cambio Sostenible celebramos la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo de Escazú, esto representa un paso histórico en la defensa de los derechos ambientales en el país. Este acuerdo, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es un avance fundamental para proteger a quienes dedican su vida a la defensa del medio ambiente. Sin embargo, en un país donde la protección de los derechos ambientales es más una aspiración que una realidad, esta decisión también plantea importantes desafíos que no pueden ser ignorados.

Colombia es hoy el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales. Según el informe de Global Witness de 2023, de los 177 asesinatos de defensores ambientales ocurridos en todo el mundo en 2022, al menos 60 se registraron en Colombia. Estas cifras alarmantes nos enfrentan a una paradoja: mientras que el marco legal se fortalece con la ratificación del Acuerdo de Escazú, los riesgos para aquellos que defienden la tierra, el agua y los bosques aumentan.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es, sin duda, un motivo de celebración. Este tratado regional, adoptado bajo el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, establece un marco claro para la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En teoría, este acuerdo debería ser una herramienta poderosa para garantizar que las decisiones ambientales se tomen con la participación activa de las comunidades afectadas y que la información relevante sea accesible para todos. La creación de mecanismos como el programa «Alerta por mi ambiente» y la Comisión Interinstitucional para la implementación del acuerdo son pasos en la dirección correcta, que buscan promover la participación ciudadana y mejorar la gobernanza ambiental.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. Colombia es un país marcado por profundas inequidades sociales, económicas y territoriales. En vastas áreas de la «Colombia profunda», el Estado apenas tiene presencia, lo que dificulta enormemente la implementación de cualquier política, por bien intencionada que sea. A pesar de los avances normativos, las brechas estructurales persisten y la capacidad de llevar a cabo las disposiciones del Acuerdo de Escazú enfrenta grandes desafíos.

La verdadera prueba para Colombia será pasar del papel a la acción. La ratificación de un acuerdo no garantiza por sí misma la protección de los derechos; lo que realmente cuenta es la capacidad de implementación en un contexto donde los defensores ambientales siguen siendo asesinados, criminalizados y estigmatizados. La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, lo ha señalado claramente: “Esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y, también, una mayor democracia para el país.” Sin embargo, para que esa mayor democracia se materialice, es fundamental que se establezcan mecanismos efectivos de protección para quienes defienden la naturaleza.

Es aquí donde la sociedad civil juega un papel crucial. Las organizaciones, comunidades y defensores ambientales deben mantenerse vigilantes, exigir la implementación efectiva del acuerdo y asegurar que sus derechos no solo estén escritos en un documento, sino que se respeten en la práctica. Las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, son esenciales para presionar al gobierno a cumplir sus compromisos y garantizar que los derechos consagrados en el Acuerdo de Escazú sean una realidad tangible para todos.

Los retos son muchos, pero también lo son las oportunidades. La ratificación del Acuerdo de Escazú nos da un marco legal sólido y un compromiso internacional para avanzar hacia una mayor democracia ambiental.

Escribió para Cambio Sostenible,
Francisco Rigual – Consultor