Biometría y Justicia en Colombia: ¿Hacia un Estado de Vigilancia?

El uso de datos biométricos en Colombia, especialmente en el contexto del reciente acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y la Registraduría Nacional, plantea preocupaciones significativas en términos de privacidad y protección de datos sensibles. Este acuerdo permite a la Corte acceder a bases de datos biométricos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) para validar identidades en procesos judiciales, una medida que, aunque destinada a mejorar la administración de justicia, también podría facilitar el uso indiscriminado de información personal.

Uno de los aspectos más críticos es el intercambio de información y la implementación de proyectos de analítica de datos e inteligencia artificial. Estos proyectos buscan optimizar los procesos judiciales, pero también pueden aumentar la vulnerabilidad de los datos personales al permitir el acceso a múltiples entidades gubernamentales sin el consentimiento explícito de los ciudadanos. Esta interoperabilidad de sistemas de información, aunque puede mejorar la eficiencia, debe ser gestionada con estrictos controles de privacidad para evitar abusos.

El uso de biometría facial por parte de la Policía Nacional a través de una nueva aplicación móvil de verificación de identidad ejemplifica los riesgos asociados. Esta tecnología permite la confirmación de identidad en tiempo real, lo cual puede ser beneficioso para la seguridad pública, pero también plantea serias amenazas a la privacidad individual. El hecho de que la Policía pueda escanear documentos de identidad y cotejar datos biométricos con bases de datos nacionales sin una regulación adecuada es motivo de preocupación.

Estos desarrollos no son aislados. En 2021, la discusión en la Corte Constitucional sobre el Código Electoral incluyó un artículo controvertido que otorgaba a la Registraduría Nacional el control exclusivo de la identificación y autenticación de datos biométricos. Este artículo, aprobado sin un debate exhaustivo en el Congreso, fue criticado por diversos sectores que lo veían como un intento de crear un monopolio estatal de datos biométricos. Esto no solo podría excluir a entidades privadas del proceso de identificación, sino también poner en riesgo las libertades individuales y el derecho a la privacidad.

El uso de datos biométricos en Colombia ya se ha visto en la regularización de migrantes venezolanos, donde se recolectaron datos biométricos bajo la promesa de beneficios sociales. Este proceso sirvió como un ensayo para lo que ahora se intenta implementar a nivel nacional, evidenciando una tendencia del Estado colombiano hacia el uso masivo y centralizado de datos biométricos sin las debidas salvaguardias legales.

La creciente centralización y uso de datos biométricos por parte del Estado colombiano subraya la necesidad urgente de un marco regulatorio robusto que proteja los derechos individuales. Sin regulaciones claras y controles adecuados, el riesgo de abuso de poder y violación de la privacidad se incrementa, lo que podría llevar a una sociedad donde la vigilancia y el control estatal prevalecen sobre las libertades individuales.

Asi las cosas, el avance hacia el uso indiscriminado de datos biométricos en Colombia, bajo el pretexto de mejorar la seguridad y la administración de justicia, debe ser cuidadosamente evaluado y regulado. Es crucial establecer un equilibrio entre la eficiencia en la administración pública y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Asegurar que la privacidad y la libertad no sean sacrificadas en el proceso es fundamental para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Escribió para Cambio Sostenible:
Francisco Rigual.