Colombia: ¿De la vigilancia selectiva al control biométrico masivo?

En 2024, Cambio Sostenible con su investigación «Rostros y Derechos», advirtió cómo el Estado colombiano durante el gobierno de Iván Duque, convertía a los migrantes venezolanos en sujetos experimentales de un sistema de vigilancia biométrica. Bajo el Estatuto Temporal de Protección, miles entregaron sus huellas, iris y rostros a cambio de un permiso migratorio, sin saber realmente quién, cómo o por cuánto tiempo usaría esos datos. Hoy, ese mismo guion se repite, pero con un elenco ampliado: todos los colombianos.

El acuerdo firmado en marzo entre el gobierno nacional y la administración Trump —bajo la opaca etiqueta de «cooperación en seguridad»— abre la puerta a que nuestros datos biométricos crucen fronteras para alimentar sistemas de control migratorio y policial estadounidenses. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., lo celebró como un triunfo contra «criminales sofisticados», mientras la Cancillería colombiana se reservaba detalles clave: ¿Qué garantías hay contra el uso discriminatorio? ¿Por qué el texto es reservado?

Recordemos: el 61% de los migrantes encuestados en nuestro estudio jamás entendió qué firmaba al dar sus datos biométricos. El 97% ignoraba cómo se almacenaría su información. Y sin embargo, el PPT siguió adelante, justificado por una emergencia migratoria que hoy sirve de modelo para normalizar la vigilancia. Es un juego peligroso: primero se prueba con los más vulnerables —los sin papeles—, luego se escala al resto.

Mientras la Canciller de Colombia habla de «dignidad para los deportados», su gobierno negocia que la biometría de nacionales que puedan terminar en bases de datos de ICE (el servicio de migración estadounidense), la misma entidad que esposa a niños en centros de detención. Todo esto, mientras Colombia sigue enfrentando unas vulnerabilidades en su estructuras que recurrentemente quedán expuestas: el ataque de ransomware de 2023 —que dejó al descubierto información sensible de millones— demostró que ni siquiera podemos resguardar lo nuestro.

En Rostros y Derechos, una entrevistada lo resumió así: «Obligar a dar datos biométricos para derechos básicos es como pedir un órgano a cambio de pasaporte». Hoy, ese absurdo se extiende. Ya no es solo el PPT para venezolanos: es la sombra de un sistema donde tu cuerpo —tus huellas, tu rostro— se convierte en moneda de cambio para trabajar, viajar o simplemente existir dentro de la ley.

¿Y qué queda? La misma receta que planteamos en 2024, pero con más urgencia: exigir que este acuerdo se discuta en público, que haya expertos veedores revisando cada cláusula, que los jueces frenen abusos. Porque cuando se negocia con poca claridad ante los ciudadanos los datos íntimos de su gente, no está combatiendo el crimen: está practicando otro tipo de violencia. La que convierte democracias en sociedades de vigilancia, donde el precio de la seguridad es la rendición de lo que nos hace libres.