La Corporación Cambio Sostenible ha presentado formalmente su contribución a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, la Sra. Astrid Puentes Riaño. Este aporte responde a la convocatoria temática para visibilizar la realidad de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio.

La urgencia de proteger nuestro territorio

Colombia atraviesa hoy una triple crisis planetaria marcada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental. En la primera línea de defensa de nuestros ecosistemas se encuentran las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes resguardan más de 30 millones de hectáreas de bosque.

Lamentablemente, esta labor conlleva un riesgo inaceptable. Colombia es actualmente el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. Las cifras son alarmantes: entre 2016 y 2024 se registraron 248 asesinatos de defensores ambientales, de los cuales el 89% correspondían a personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El impacto es abrumadoramente desproporcionado, evidenciado en que los pueblos indígenas representan el 23% de las víctimas de homicidio (entre 2022 y 2025) pese a constituir apenas el 4,7% de la población nacional.

Monitoreo, acción colectiva y presencia territorial

Desde nuestra organización seguimos impulsando iniciativas concretas para expandir y proteger el espacio cívico:

• Monitoreo del espacio cívico: A través del programa «Connect, Defend, ¡Act!», estamos monitoreando las libertades colectivas y derechos de comunidades negras e indígenas. Los hallazgos recolectados a lo largo de los 32 departamentos y Bogotá se encuentran documentados en nuestro Reporte de Monitoreo de Espacio Cívico 2026.
• Proyecto «Bosques Vivos, Comunidades Fuertes»: Este esfuerzo en terreno nos permitió dialogar con más de 517 personas pertenecientes a diversas organizaciones en 10 departamentos estratégicos (como Putumayo, Chocó, Amazonas, entre otros). Además, fortalecimos a más de 52 líderes y lideresas brindándoles herramientas de participación y derechos ambientales.

Exigencias de las comunidades y recomendaciones estructurales

Recogiendo las voces de los territorios, durante espacios interinstitucionales presentamos las exigencias de las comunidades locales. Entre las demandas más urgentes destacan:

• Protección estatal efectiva: Es indispensable que la Unidad Nacional de Protección incluya una tipología específica para la «persona defensora del medio ambiente», garantizando un enfoque diferencial y territorial.
• Justicia ambiental y fin de la impunidad: Existe una profunda frustración ante la falta de cumplimiento normativo; de 244 casos de violencia contra defensores enviados a la Fiscalía, se evidenció una impunidad superior al 45%.
• Participación real: Las comunidades exigen que se respete la consulta previa y exigen dejar de ser meras espectadoras en la toma de decisiones sobre sus territorios.
• Alternativas sostenibles: Se necesitan proyectos productivos que generen ingresos sin destruir el bosque, sumado a procesos de reforestación y descontaminación.

Finalmente, nuestro pliego de recomendaciones hace un llamado contundente al Estado colombiano para pasar de los discursos a la acción mediante la implementación real del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento de sentencias ambientales como la T-622 y T-038. Al mismo tiempo, instamos al sistema internacional a garantizar financiamiento directo a las organizaciones de base y mantener una sólida visibilidad internacional para proteger a quienes dedican su vida a cuidar nuestro planeta.

Escribió para Cambio Sostenible

Kellys Albarrán

Experta en incidencia política