Deudas socioambientales y sanitarias en la ronda del río Bogotá

El río Bogotá es el principal afluente de la sabana de Cundinamarca, con 380 kilómetros de longitud y una cuenca que alberga a más de 9 millones de personas, de las cuales 8,5 millones viven en Bogotá. El Consejo de Estado, en su sentencia de 2014, declaró una catástrofe ambiental, ecológica y económico-social en la cuenca y ordenó su descontaminación (Alcaldía de Chía). Más de una década después, los avances siguen siendo insuficientes y las comunidades que habitan sus orillas continúan expuestas a condiciones indignas.

Estudios recientes de la CAR han detectado la presencia de contaminantes emergentes como analgésicos, antibióticos y antihipertensivos en 15 puntos de la cuenca, evidenciando que el problema no se limita a los vertimientos tradicionales. Los efectos potenciales incluyen afectaciones a organismos acuáticos, resistencia bacteriana y acumulación de sustancias en tejidos vivos.

Además, la gestión del proceso de descontaminación ha enfrentado múltiples irregularidades, incluyendo un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó reiniciar el procedimiento por falta de consulta pública.

¿Quién cuida a quienes viven cerca de su ronda?

En recorridos junto al Comité de Derechos Humanos de la Alcaldía de Suba a la altura del sector del Parque Villa Cindy que limita con el río Bogotá, evidenciamos múltiples vulnerabilidades: olores ofensivos provenientes del río, proliferación de vectores, excrementos animales en espacios públicos, residuos sólidos acumulados y un entorno hostil para niñas, niños y adolescentes. Estos problemas afectarían de manera desproporcionada a familias que sobreviven del reciclaje y otras actividades informales, las cuales enfrentan a diario estos factores ambientales, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y de la piel.

El resultado de una jornada denominada «Derechos al Parque» en el que tanto Cambio Sostenible, como la Delegada del Comité de Derechos Humanos de Suba acompañaron a decenas de niñas, niños y adolescentes del sector de Villa Cindy aledaño al río Bogotá. Allí junto a otras delegaciones de la Alcaldía de Bogotá se fortaleció conocimientos de las niñas y niños con ejercicios lúdicos y didácticos y lúdicos; adicional a ello, se identificaron situaciones emergentes reportadas por los menores y sus familias, algunas de estas:

• Pobreza y exclusión múltiple: En el sector transitan desplazados del conflicto armado, familias dedicadas al reciclaje de oficio, migrantes internos y extranjeros, así como mujeres cabeza de familia
• Caza y consumo de animales de ronda del río: insectos y roedores
• Malestares individuales y colectivos relacionados con el olor del río
• Aparición constante de mosquitos
• Signos de ansiedad por las condiciones ambientales del lugar
• Baja cultura ciudadana en el sector y el cuidado de mascotas

¿Quién debe cumplir la norma?

La sentencia del Consejo de Estado declaró responsables a diversas autoridades en niveles nacional, departamental y municipal, incluyendo ministerios, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y el Distrito Capital. El incumplimiento ha sido reiterado, como lo demuestra la multa de más de 440 millones de pesos impuesta al Distrito por no cumplir los términos de la licencia ambiental.

Otro de los mandatos a cumplir tiene que ver con el ambiente sano y la salud pública, vivir al margen del río no debería ser equivalente a estar condenado a la enfermedad, el hambre y la exclusión. Es un deber para el Estado el garantizar derechos y no ser parte de la segregación sistemática que la sociedad le hace a las poblaciones que habitan cerca de la ronda del río; es un asunto de equidad.

La pregunta es inevitable: ¿hemos normalizado la contaminación? ¿A nadie le duele la enfermedad y la necesidad de las víctimas de estos efectos ambientales, invisibilizadas por su vulnerabilidad social? Mientras las familias continúan expuestas a una contaminación crónica que afecta su salud y bienestar, el Estado persiste en un ciclo de promesas incumplidas y procesos judiciales que no se traducen en mejoras reales en su calidad de vida.

Bibliografía