La Declaración de Bogotá: Un avance diplomático que la sociedad civil debe vigilar

El 22 de agosto de 2025, los líderes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) adoptaron la Declaración de Bogotá en el V Encuentro de Presidentes. Este documento, que conmemora los 45 años del Tratado, reafirma compromisos previos como la Declaración de Belém (2023) y establece una agenda multilateral para abordar desafíos críticos: la crisis climática, la deforestación, las economías ilegales transnacionales y la protección de los pueblos indígenas.

Sin embargo, ¿estos acuerdos diplomáticos son suficientes para proteger la Amazonía y a quienes defienden sus derechos? Desde la perspectiva de la sociedad civil, los avances son encomiables pero las debilidades estructurales y los contextos políticos nacionales plantean riesgos significativos para su implementación efectiva.

Los Avances Destacados de la Declaración de Bogotá

La Declaración incluye compromisos sustanciales que, en teoría, podrían transformar la gobernanza amazónica:

• Fortalecimiento de la Acción Climática: Se refuerza la urgencia de articular acciones nacionales climáticas ambiciosas para cumplir con el Acuerdo de París y evitar el punto de no retorno en la Amazonía. Se reconoce explícitamente el valor de los sistemas de conocimiento tradicionales y saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

• Lucha Contra Economías Ilegales: Se reafirma la importancia de la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos para impulsar la cooperación policial, judicial y de inteligencia contra la minería ilegal, el tráfico de especies y otros delitos ambientales.

• Protagonismo Indígena: Se acoge con beneplácito el establecimiento del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas como espacio de diálogo entre gobiernos y pueblos originarios, y se reafirma la protección integral para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

• Financiamiento Innovador: Se apoya el lanzamiento del Fondo «Bosques Tropicales para Siempre» (TFFF) en la COP30 de Belém, diseñado para movilizar financiamiento de largo plazo basado en resultados para la conservación.

Las Debilidades Estructurales: Diplomacia en un Campo Minado Geopolítico

A pesar de estos avances, la Declaración nace en un contexto regional frágil donde las tensiones bilaterales y las políticas internas contradictorias amenazan su eficacia:

1. Disputas Territoriales y Desconfianza Regional

La cooperación requiere estabilidad, pero la región está plagada de tensiones no resueltas:

Venezuela y Guyana: La disputa por el Esequibo, una región rica en recursos y parte del escudo guayanés, mantiene una fricción constante que dificulta la colaboración ambiental profunda.

Perú y Colombia: Las tensiones por la isla Santa Rosa en el río Amazonas añaden otra capa de complejidad a la necesaria colaboración binacional para combatir ilícitos transfronterizos. Cabe destacar que mientras la cumbre se desarrollaba en Bogotá, el pleno del Congreso peruano aprobó una moción que pide reiterar la declaración de persona non grata contra el presidente de Colombia.

Legitimidad Política Cuestionada: Colombia no reconoce plenamente los resultados electorales en Ecuador y Venezuela, lo que debilita la confianza necesaria para iniciativas de estado conjuntas.

2. Las Políticas Contradictorias de Brasil:

Brasil, custodia del 60% de la Amazonía, es un socio crucial pero su política interna envía señales mixtas. El Congreso acaba de aprobar una ley que debilita el licenciamiento ambiental. La nueva ley, conocida como el «Proyecto de Devastación», crea un mecanismo de «licencia especial» que agiliza permisos para proyectos «estratégicos».

Permite que proyectos de «medio impacto» obtengan licencia mediante una simple autodeclaración, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA) rigurosa. Bajo este criterio, una represa como la de Brumadinho (que colapsó en 2019 causando 270 muertes) no habría requerido un EIA exhaustivo.

Este retroceso normativo, impulsado por el poderoso lobby del agronegocio y la minería, socava directamente los compromisos de la Declaración de Bogotá y pone en riesgo el objetivo de deforestación cero para 2030.

3. El Caso Ecuatoriano: ¿Militarización o Protección?

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó recientemente una nueva Ley de Áreas Protegidas, impulsada por el presidente Daniel Noboa bajo la vía económica urgente. Si bien su objetivo declarado es mejorar la seguridad y financiación de estos territorios, ha generado una profunda división.

Organizaciones como Amazon Frontlines advierten que la ley «militariza» la conservación, erosiona la autonomía de las comunidades locales e indígenas y prioriza un enfoque mercantilista de los recursos naturales. Numerosas comunidades indígenas han expresado su preocupación por no haber sido consultadas adecuadamente, a pesar de que sus territorios se superponen con las áreas protegidas.

El Riesgo Ineludible para la Sociedad Civil y los Defensores Ambientales

En este panorama de acuerdos multilaterales frágiles y políticas nacionales contradictorias, la sociedad civil y los defensores ambientales cargan con el riesgo más alto. América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender el ambiente, con tres de cada cuatro asesinatos de defensores ambientales ocurriendo aquí.

Criminalización y Violencia: Los defensores enfrentan criminalización, persecución y violencia por parte de actores estatales y no estatales, especialmente cuando se oponen a megaproyectos o economías extractivas ilegales.

Implementación Débil de Escazú: El Acuerdo de Escazú es el instrumento regional más importante para protegerlos, garantizando el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, su implementación es desigual y países clave como Venezuela que no lo han suscrito, mientras que Brasil y Perú no lo han ratificado.

Llamado a la Acción: La Vigilancia Ciudadana como Antídoto

La Declaración de Bogotá es un faro de esperanza en la tormenta, un recordatorio de que la cooperación multilateral es insustituible. Sin embargo, nace en un ambiente geopolítico enrarecido y con la sombra de retrocesos normativos internos que contradicen directamente sus ambiciosos objetivos. Los acuerdos diplomáticos, por sí solos, no salvarán la Amazonía.

Su efectividad dependerá de:

• La voluntad política real de los gobiernos para priorizar el ambiente sobre los intereses económicos de corto plazo.
• La ratificación e implementación plena del Acuerdo de Escazú por todos los países miembros de la OTCA, para garantizar un piso mínimo de protección para la sociedad civil.
• La presión constante y la vigilancia de la ciudadanía organizada.

Desde la Corporación Cambio Sostenible, hacemos un llamado a:

Exigir Transparencia: Monitorizar la implementación concreta de los 35 puntos de la Declaración de Bogotá, utilizando las herramientas de acceso a la información que provee Escazú.

Fortalecer la Sociedad Civil: Apoyar y proteger a las organizaciones locales e indígenas que, en la primera línea de defensa, son las verdaderas guardianas de la selva.

Demandar Coherencia: Pedir a gobiernos como el de Brasil que alineen sus políticas domésticas con sus compromisos internacionales, rechazando leyes que debiliten la protección ambiental.

Radicalizar la Participación: Insistir en que mecanismos como los Diálogos Amazónicos no sean simbólicos, sino que incorporen de manera vinculante las demandas de la sociedad civil en la toma de decisiones de la OTCA.

La Amazonía no puede esperar a que se resuelvan las disputas territoriales o las tensiones políticas. La defensa del pulmón del planeta es, hoy por hoy, una tarea que recae en manos de los pueblos que la habitan y de una sociedad civil movilizada y alerta. Los acuerdos intergubernamentales son un marco necesario, pero sin el coraje y la perseverancia de la ciudadanía corren el riesgo de convertirse en letra muerta.

Escribió para Cambio Sostenible:

Francisco Rigual