La semilla de Escazú: Sembrando herramientas de justicia ambiental en suelo colombiano

Noviembre fue un mes de profundo aprendizaje y conexión, un viaje que nos llevó a los rincones más vitales de Colombia para tejer diálogos sobre el Acuerdo de Escazú y la defensa de los bosques. Fue un recorrido que comenzó en el Meta, siguió hacia las comunidades indígenas del Vichada, luego al sur de Nariño y finalizó en las tierras de Norte de Santander, siempre con el mismo propósito: escuchar, compartir y fortalecer las luchas ambientales desde la justicia, la participación y la esperanza.

En Mesetas, Meta, nos recibió el resguardo indígena Nasa de Villa Lucía, un territorio de paz que resiste entre desafíos de seguridad, vías intransitables y sueños de ecoturismo. Allí, en medio de la ceremonia del Cxapucx, compartimos con la gobernadora Luz Derly y su guardia indígena la importancia de Escazú como herramienta para proteger lo sagrado: el bosque, el agua, la vida. Escuchamos también las tensiones que generan los proyectos de pago por servicios ambientales, que a veces desvían el verdadero sentido de la conservación, y la valentía de líderes que, pese a las amenazas de grupos armados, insisten en defender su territorio.

Luego, en las sabanas del Vichada, nos encontramos con las comunidades Jivi y Sikuani, pueblos nómadas que habitan una frontera fluvial entre Colombia y Venezuela. Allí, el acceso al agua potable es una lucha diaria, y la sombra del desplazamiento y la xenofobia planea sobre sus asentamientos. “Somos gente”, nos dijo el capitán Rafael García, mientras nos mostraba el pozo de donde beben y la carretera que sus hijos cruzan con temor. Con ellos, hablamos de cómo Escazú puede ser un escudo ante el desalojo y una ventana hacia la justicia ambiental, en un departamento donde coexisten 23 pueblos indígenas y 23 medidas cautelares por violaciones de derechos.

El viaje continuó en Nariño, en el resguardo de Yaramal, donde las mujeres indígenas de la Asociación Hilabreras nos enseñaron que el trueque de saberes es tan poderoso como el de semillas. Ellas, tejiendo historias y lana, denunciaron la deforestación que avanza por los nacimientos de agua, la captación ilegal de empresas lecheras y el racionamiento de agua que castiga a los más pobres. En Ipiales, la Fundación Paso a Paso nos dibujó un mapa del Pacífico marcado por los grupos armados, la minería y la desesperanza, pero también por la resistencia de líderes afro e indígenas que, incluso bajo amenaza, no se rinden.

Finalmente, en Norte de Santander, caminamos junto a las comunidades campesinas de Pamplona, preocupadas por los deslizamientos que amenazan el río Pamplonita, y con el pueblo Kichwa de Cúcuta, que lleva más de seis décadas reimaginando su territorio en medio de la ciudad. Allí, entre debates sobre minería, agricultura y protección del páramo de Santurbán, floreció un compromiso colectivo: trabajar en red, con herramientas como Escazú, para defender los bosques que nos sostienen.

En cada encuentro, repartimos guías, tarjetas y sobre todo confianza. Vimos a jóvenes, mujeres, hombres, indígenas, campesinos y líderes LGBTIQ+ levantar la mano para preguntar: “¿Y ahora qué sigue?”. La respuesta, siempre, fue la misma: seguir juntos. Formar, monitorear, reforestar, incidir. Porque el Acuerdo de Escazú no es solo un papel: es una promesa de que la justicia ambiental puede llegar hasta el lugar más recóndito, y de que ninguna comunidad debe defender su bosque en soledad.

Este iniciativa, fue un recordatorio de que Colombia late en sus territorios. Y que, en cada uno de ellos, hay voces que merecen ser escuchadas, bosques que merecen ser protegidos y futuros que se construyen, paso a paso, con esperanza y determinación.