Participamos en la Consulta Pública de la CEPAL sobre defensores ambientales

Participamos en la Consulta Pública de la CEPAL sobre defensores ambientales

Queremos compartirles que hemos participado en la Consulta Pública: Diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, convocada por la CEPAL en el marco del Acuerdo de Escazú.

Este diagnóstico busca recoger información de todos los países de América Latina y el Caribe para tener un panorama regional de la situación real que enfrentan quienes defienden el ambiente. Y desde «Bosques Vivos, Comunidades Fuertes» hicimos escuchar nuestra voz.

¿Qué dijimos?

Respondimos con la verdad que hemos visto y escuchado en los territorios:

1. Sobre el entorno seguro: Dijimos que en Colombia RARA VEZ se puede ejercer la defensa ambiental en un entorno seguro. Aunque existen normas como la Ley 2273 de 2022 (Acuerdo de Escazú), el Decreto 0968 de 2026 (CIESCAZÚ) y la Sentencia SU-546 de 2023, la realidad es que seguimos siendo el país más peligroso del mundo para defender el ambiente.

2. Sobre los grupos más vulnerables: Identificamos a los liderazgos indígenas, campesinos y afrodescendientes como los más afectados, junto con mujeres defensoras, jóvenes sin conectividad y funcionarios públicos del sector ambiental que también son amenazados.

3. Sobre los registros de ataques: Compartimos las cifras que duelen: más de 1.372 homicidios documentados por la Fiscalía entre 2016 y 2024; 79 líderes ambientales asesinados solo en 2023 según Global Witness; y más de 600 defensores asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz según Indepaz.

4. Sobre los tipos de ataques: Documentamos homicidios, amenazas, atentados, desapariciones, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, criminalización (SLAPP), estigmatización, vigilancia, violencia de género y ataques contra los medios de vida.

5. Sobre los mecanismos de protección: Explicamos que existen el SAT, la CIPRAT, la UNP y los CERREM, pero que su implementación es débil e inoportuna. Mencionamos los casos de Juan Pablo Galvis Arango y Óscar Eduardo Jordán Camacho, que tuvieron que acudir a la CIDH porque el Estado no respondió a tiempo.

6. Sobre las estrategias comunitarias: Contamos que las comunidades tienen sus propias redes de cuidado, guardias indígenas y cimarronas, monitoreo forestal comunitario y protocolos de autoprotección. Y que desde «Bosques Vivos» hemos fortalecido estas capacidades con los vigías forestales y la formación en seguridad digital.

7. Sobre el reconocimiento estatal: Dijimos que las guardias indígenas y cimarronas tienen reconocimiento parcial, pero que las guardias campesinas aún esperan reconocimiento legal. Y que las comunidades no quieren ser solo beneficiarias, sino reconocidas como sujetas de protección.

8. Sobre el apoyo no estatal: Destacamos el papel de Hivos, la Fundación Sueca de la Lotería Postal, las universidades, sectores de la iglesia católica y las redes de solidaridad internacional. Pero también advertimos que el financiamiento es insuficiente, desigual y de corto plazo.

9. Sobre nuestro trabajo: Contamos lo que hacemos: más de 500 líderes formados, 120 funcionarios públicos acompañados, talleres de gobernanza ambiental, monitoreo forestal comunitario, seguridad digital y la propuesta del MARRDA (Mecanismo de Alerta y Respuesta Rápida para Defensores Ambientales) – Conector Escazú, que busca respuestas en menos de 72 horas.

10. Nuestro mensaje final: Dijimos que seguimos caminando con las comunidades, que la justicia ambiental solo será posible cuando el Estado reconozca que las comunidades son sujetas de protección, y que los bosques vivos necesitan comunidades fuertes.

¿Por qué es importante esto?

Porque nuestras respuestas van a alimentar el diagnóstico regional que la CEPAL presentará en la próxima COP del Acuerdo de Escazú. Es nuestra voz, y la de las comunidades que representamos, sentada en la mesa donde se toman las decisiones.

¡Gracias por ser parte de esto!

Francisco Rigual

Coordinador de derechos humanos y consultor en justicia ambiental.

Corporación Cambio Sostenible