Pegasus: El Software que Desafía los Derechos Humanos y el Futuro de América Latina

En las últimas semanas, Colombia ha ocupado los titulares por el uso indebido de tecnologías de vigilancia como Pegasus, un software espía de origen israelí cuya compra ha sido denunciada por el actual presidente de Colombia, quien ha señalado en informes confidenciales que el anterior gobierno de Iván Duque, lo adquirió bajo mecanismos poco transparentes. Aunque este escándalo tiene una dimensión claramente política en países como Colombia, México y Venezuela, lo cierto es que afecta a millones de personas, más allá de los pasillos del poder, y plantea profundas interrogantes sobre el futuro de la privacidad y los derechos humanos en la región.

El uso de Pegasus en América Latina ha sido retratado como una forma de controlar a la oposición y garantizar la seguridad nacional. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que enfrentar las acusaciones sobre el uso de esta tecnología para espiar a opositores y periodistas. En México, los informes sobre el uso de Pegasus durante el mandato de Enrique Peña Nieto destaparon una vigilancia encubierta a activistas y defensores de derechos humanos, en El Salvador, una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab identificó el uso a gran escala del programa espía Pegasus contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil . En Venezuela, según declaraciones recientes del senador colombiano Antonio Correa, este software ha sido utilizado desde Colombia en el anterior gobierno de Iván Duque con fines de desestabilización y derrocamiento del gobierno nacional.

Sin embargo, reducir el impacto de este escándalo a la clase política es olvidar a quienes sufren las consecuencias más graves: el ciudadano de a pie. El mismo software que se utiliza para seguir los movimientos de figuras públicas también puede ser empleado para vigilar a quienes no tienen voz en el debate público, personas que, sin saberlo, son observadas mientras intentan llevar una vida normal en medio de la incertidumbre.

Para el ciudadano promedio, el impacto del espionaje puede parecer un problema lejano, reservado solo para aquellos que están en la primera línea del activismo o la política. Pero la realidad es que las tecnologías de vigilancia masiva afectan directamente la vida cotidiana de todos. En un mundo donde el Estado tiene acceso a nuestras conversaciones privadas, movimientos y redes sociales, el concepto de privacidad se diluye, y la sensación de estar siempre vigilados genera un ambiente de desconfianza y autocensura. Esta vigilancia digital amenaza el derecho fundamental a la privacidad consagrado en las constituciones de muchos países latinoamericanos, incluido el artículo 15 de la Constitución Colombiana: «todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar».

El problema no radica solo en el acceso a los datos, sino en la falta de transparencia sobre cómo se utilizan. Si un gobierno es capaz de acceder a la información personal de cualquier ciudadano sin controles claros ni responsabilidad, las implicaciones son profundas. Las personas comunes, que luchan por sobrevivir en economías difíciles, pueden ver cómo su información privada es utilizada sin su consentimiento, sin posibilidad de defensa.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una meta lejana

Este tipo de vigilancia no solo socava los derechos humanos, sino que interrumpe el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los pilares del ODS es la construcción de instituciones sólidas, inclusivas y transparentes (ODS 16). El uso de Pegasus para espiar, sin garantías judiciales ni un marco legal adecuado, debilita estas instituciones y perpetúa la desconfianza en el Estado. La Meta 16.10, que promueve el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales, queda en suspenso cuando la privacidad es violentada.

Además, el avance de tecnologías sin control que infringen la privacidad afecta otros ODS como el ODS 9, que aboga por la innovación y la infraestructura responsable. Las tecnologías como Pegasus no deberían ser herramientas para la represión, sino para el desarrollo de sociedades más justas y equitativas.

El rol de la sociedad civil

Entonces, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? En primer lugar, es necesario reconocer que este sector es especialmente susceptible a ser víctima de espionaje, es fundamental reconocer que el alcance de estas tecnologías y sus implicaciones van más allá del escenario político y mediático. La vigilancia digital es una amenaza real, y los ciudadanos deben estar informados sobre cómo sus derechos están siendo vulnerados. Organizaciones como Cambio Sostenible tienen un rol crucial en esta tarea. La educación sobre derechos digitales debe convertirse en una prioridad, y debemos exigir transparencia y responsabilidad por parte de los gobiernos que implementan estas tecnologías.

Es vital promover el diálogo entre los diferentes actores: gobierno, sociedad civil y organismos internacionales, para establecer normativas claras y garantizar que el uso de tecnologías de vigilancia esté sujeto a controles judiciales rigurosos. Esto incluye la protección de los derechos humanos en el espacio digital y la creación de mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos defender su privacidad.

El escándalo de Pegasus nos enfrenta a una realidad incómoda: la erosión de la privacidad no es solo un problema político, sino un desafío colectivo que afecta directamente al ciudadano común. La confianza en las instituciones y el progreso hacia un desarrollo sostenible se ven interrumpidos cuando los Estados utilizan tecnologías para vigilar sin restricciones. Como sociedad civil, tenemos la responsabilidad de exigir un marco ético que proteja nuestros derechos y de asegurar que las herramientas tecnológicas se utilicen para mejorar, no para controlar, nuestras vidas.

Escribió para Cambio Sostenible,
Francisco Rigual, consultor.