Pequeños por los derechos
Una intervención social que protege la seguridad de nuestros menores
En cumplimiento de la misionalidad de promover el desarrollo sostenible en Colombia, Cambio Sostenible ha desarrollado diferentes iniciativas en materia de inclusión social por los más vulnerables. La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) provocó el aumento de los eventos criminales de trata de personas y explotación sexual. Las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes no escapan de esta difícil realidad.
En informes de la Policía Nacional de Colombia sobre la captura de bandas dedicadas a la trata de personas en el año 2020, se indicaba que este flagelo se había incrementado, en los últimos años, en un 1.000 %. Entre 2013 y 2020, según el Ministerio del Interior, se registraron 686 casos de trata de personas, afectando en 86 % a las mujeres, en 18 % a los hombres y en 12 % a niñas, niños y adolescentes, que pueden llegar a redes de pornografía infantil comunicadas con símbolos.
Los símbolos son los siguientes:
- Un triángulo para hombres que buscan niños.
- Un corazón para los que prefieren mujeres y niñas.
- Una mariposa para quienes buscan niños y niñas.
Bogotá lideró en Colombia a las ciudades con más denuncias por pornografía infantil en 2021, material que puede llegar a costar entre $50.000 y $250.000 pesos colombianos, en el lado oscuro de la internet. Las autoridades señalaban que los delincuentes ahora aprovechan la necesidad de personas provenientes de países como Venezuela y engañan con promesas falsas de empleo y pasaportes a sus habitantes, para después explotarlos y exponerlos en otras naciones.
Ante estos hechos, Cambio Sostenible ha dedicado esfuerzos en la intervención social y orientación a la comunidad especialmente en el municipio de Soacha, Cundinamarca con un enfoque de género, infantil y migratorio, de allí surgió la actual iniciativa “Pequeños por los Derechos” que se desarrolló entre septiembre y octubre de 2021, en principio con apoyo financiero de USAID en Soacha a través del programa Conectando Caminos por los Derechos, gracias a ello se logró fortalecer en prevención de riesgo de explotación sexual y trata de personas a niñas, niños y adolescentes (NNA) que pertenecían a poblaciones de desplazados del conflicto armado colombiano, migrantes, refugiados y colombianos retornados de Venezuela.
La necesidad de réplica no se hizo esperar, especialmente en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, en donde nuestro trabajo de campo identificó un constante silencio criminal y la poca denuncia de estos delitos. Según los indicadores de la intervención, el uso de las TIC es de especial interés, ya que es a través del contacto por redes sociales donde se da el principal anzuelo a las poblaciones más vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes. El incremento de ciberdelincuentes que se hacen pasar por otros menores de edad parece ser un factor común de operatividad, así como también el chantaje con divulgación de pornografía infantil para ejercer el control sobre los menores.
Con la necesidad inminente de no dejar a nadie atrás en las iniciativas pedagógicas en prevención y reducción de estos delitos, obtuvimos el apoyo de Derechos Digitales América Latina logrando fortalecer a niñas, niños y adolescentes de Ciudad Bolívar, Bogotá durante noviembre y diciembre de 2021, especialmente en barrios de alta vulnerabilidad socioeconómica como Santo Domingo y Brisas del Volador.
Estas acciones dieron nacimiento a diversas aulas comunitarias para la formación con encuentros artísticos, lúdicos y de conversación que profundizaron los temas y dieron la oportunidad a los NNA de expresar sus ideas y sentimientos sobre la violencia digital dentro y fuera de línea desarrollando habilidades en la prevención de explotación sexual y reclutamiento online infantil, lo que permitió que en un 90% los beneficiarios identificaran los riesgos a los que constantemente se ven expuestos. Todo ello permitió cerrar los espacios con la constitución del comité de vigilancia y reporte comunitario denominado “Familias por los Derechos” que incluye a los padres, representantes y/o cuidadores de los beneficiarios con el apoyo de Cambio Sostenible y entidades nacionales que participaron en la iniciativa; Personería de Bogotá, Organización Internacional de las Migraciones, Defensoría del Pueblo y Migración Colombia.
Ante la exitosa experiencia de impacto y las transformaciones que aún se pretenden lograr a nivel comunitario en Bogotá y sus municipios vecinos, se requiere una duplicación de esfuerzos que sume a diversos actores, la indiferencia ante el crecimiento de estos hechos delincuenciales conduce al aumento de las brechas sociales y la no protección de los derechos del menor en Colombia.
Francisco Javier Rigual Cotua,
Abogado y Coordinador de Derechos Humanos para Cambio Sostenible.
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