Tejiendo Alianzas para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia
En un esfuerzo para la construcción de la gobernanza ambiental en Colombia, el proyecto «Bosques Vivos, Comunidades Fuertes» convocó el pasado 18 de febrero a una Mesa de Incidencia en Políticas Públicas a través de la presentación de resultados preliminares que reunió a actores clave del Estado, la academia y la cooperación internacional, con el propósito de presentar los resultados preliminares del proyecto y entregar formalmente un pliego de peticiones construido desde las comunidades de diez departamentos del país. El evento, realizado en la ciudad de Bogotá, tuvo como objetivo fundamental generar un escenario de diálogo e incidencia a través de la socialización de los hallazgos, necesidades y propuestas surgidas directamente de las comunidades campesinas, indígenas y locales que habitan y protegen los bosques en Guainía, Chocó, Vichada, Nariño, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Putumayo y Córdoba.
Durante la jornada, el equipo coordinador del proyecto —integrado por Kenny Espinoza, Francisco Rigual y Laura Guzmán de la Corporación Cambio Sostenible, junto a Diego Mora de Hivos— presentó el enfoque metodológico de la iniciativa, sus cinco pilares de intervención que abarcan el empoderamiento legal comunitario, el fortalecimiento de capacidades digitales, la incubación de propuestas de política pública, la articulación interinstitucional y la protección del espacio cívico, así como los resultados preliminares alcanzados hasta la fecha, destacando el trabajo de formación y articulación con más de 256 líderes y lideresas, así como con 83 funcionarios públicos de entidades clave como la Dirección Nacional de Consulta Previa, la Defensoría del Pueblo en Guainía, la Secretaría de Ambiente de la Gobernación del Magdalena y la Gobernación del Vichada.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la socialización de los hallazgos territoriales, organizados en cinco grandes ejes problemáticos que reflejan el sentir de las comunidades: la exigencia de presencia y protección estatal efectiva, ante la ausencia institucional en los momentos críticos; el reclamo por justicia ambiental y cumplimiento normativo, frente a la impunidad y las leyes que se quedan en papeles; la demanda de participación real, que supere las consultas de fachada y garantice incidencia efectiva; la visión de soluciones prácticas y sostenibles, como proyectos productivos, reforestación y fortalecimiento de capacidades; y la afirmación de autonomía y saberes ancestrales, reconociendo la inseparable relación entre cultura, espiritualidad y territorio. Estas voces, recogidas en un pliego de peticiones entregado formalmente a cada institución participante, constituyen la brújula que orienta el trabajo del proyecto y las propuestas elevadas en la consulta pública de la Hoja de Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú, liderada por el Ministerio de Ambiente en enero de 2026, entre las que se destacan el Mecanismo de Alerta y Respuesta Rápida para Defensores Ambientales, las Unidades Territoriales de Implementación y los enfoques clave para una implementación inclusiva que vinculan la paz territorial con la justicia ambiental.
La mesa contó con la participación de diez instituciones de alto nivel: la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Embajada del Reino de Noruega a través de su asesora de Clima y Bosques, la Defensoría del Pueblo Delegada para Derechos Ambientales y Colectivos, la Universidad del Externado de Colombia mediante su Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Dirección de Maestría en Estudios del Territorio, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Personería de Bogotá Delegada para el Sector Ambiente, la Universidad Internacional de la Rioja, la Gobernación del Vichada representada por su Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Étnicos, y COOPI – Cooperazione Internazionale desde su Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Todas ellas recibieron el pliego de peticiones contenidos en el informe. De la mesa surgieron cinco compromisos fundamentales: incorporar las recomendaciones en sus respectivas agendas institucionales, articular esfuerzos conjuntos para el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú, involucrarse activamente en las etapas venideras del proyecto, socializar los resultados al interior de sus instituciones para influir en la agenda ambiental, y reconocer el uso del proyecto «Bosques Vivos, Comunidades Fuertes» como un referente piloto para la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, tomando como base su metodología participativa, su capacidad de articulación territorial y su enfoque en la construcción de puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado. Reafirmamos así el compromiso colectivo con una gobernanza ambiental participativa, inclusiva y efectiva que reconozca en el diálogo entre el territorio y la institucionalidad el camino más sólido para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
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