Vigilancia y censura en la era digital: Un análisis de la libertad en internet en 2024

El estado de la libertad en internet para Colombia y América Latina en 2024 refleja una serie de desafíos cruciales que afectan tanto a los derechos humanos en el entorno digital como a la capacidad de la sociedad civil para influir en la gobernanza de internet. A partir del informe de Freedom House 2024, se evidencia que la región enfrenta una creciente vulnerabilidad en el acceso a un internet libre y sin restricciones, lo que plantea importantes implicaciones para la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.

América Latina
En varios países de la región, los gobiernos han implementado medidas de control sobre el acceso y el contenido en línea, utilizando la tecnología como una herramienta de vigilancia y censura. Esta tendencia se ha intensificado, con actores gubernamentales y privados que, en algunos casos, han colaborado para limitar el acceso a plataformas que podrían servir como medios de expresión disidente o como espacios para organizar movimientos sociales. La libertad de prensa también se ha visto afectada en algunos países, con casos documentados de restricciones a periodistas digitales y medios alternativos que cubren temas críticos para los gobiernos.

Por otro lado, la desigualdad digital sigue siendo un obstáculo importante. Mientras que algunas zonas urbanas tienen un acceso considerablemente mejorado, las poblaciones rurales e indígenas, a menudo las más vulnerables, experimentan dificultades para acceder a la infraestructura digital. Esta desigualdad no solo afecta su capacidad para participar en la sociedad digital, sino que también perpetúa la exclusión social en general.

La Situación en Colombia
En Colombia, si bien sigue siendo considerado un país con «libertad parcial», la vigilancia estatal y la protección de datos personales son temas de gran preocupación. A lo largo de 2024, se han reportado casos donde la vigilancia a ciudadanos y activistas a través de tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial y la interceptación de comunicaciones, ha generado una atmósfera de desconfianza. La sociedad civil colombiana ha jugado un papel crucial al presionar por la creación de leyes más estrictas sobre protección de datos y la vigilancia gubernamental. Sin embargo, los esfuerzos legislativos no siempre han logrado ir a la par con la rápida evolución tecnológica.

En términos de acceso a internet, Colombia sigue luchando contra las brechas de conectividad, especialmente en regiones rurales e indígenas. La limitada infraestructura en estas áreas genera un doble desafío: por un lado, restringe la participación de estos grupos en la vida política y económica digital del país, y por otro, dificulta la defensa de sus derechos frente a políticas públicas que impactan su entorno social y medioambiental.

La sociedad civil en América Latina, ha sido un pilar en la defensa de la libertad en internet y la promoción de derechos digitales. Estas organizaciones no solo documentan y exponen abusos, sino que también participan activamente en foros internacionales donde se debate la gobernanza global de internet. En Colombia, y a nivel regional, han impulsado campañas para fomentar la alfabetización digital y mejorar la ciberseguridad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

La gobernanza de internet es un campo en crecimiento, y cada vez más organizaciones están abogando por un enfoque basado en los derechos humanos que limite el uso de tecnologías de vigilancia sin controles democráticos adecuados. Un área en la que la sociedad civil ha tenido un impacto significativo es la de la transparencia en el uso de datos personales. En colaboración con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, estas organizaciones trabajan para garantizar que las políticas tecnológicas respeten la privacidad y la libertad de expresión.

De cara a 2025, uno de los grandes retos será fortalecer los marcos regulatorios en América Latina para proteger los derechos en línea, al mismo tiempo que se equilibran las preocupaciones legítimas de seguridad. La creciente digitalización de los procesos gubernamentales y económicos requiere que los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para garantizar que el internet siga siendo una plataforma abierta y libre.

La creación de coaliciones regionales entre actores de la sociedad civil, académicos y el sector privado es fundamental para enfrentar los desafíos comunes que plantea la vigilancia en línea y la censura en internet. Estas coaliciones no solo ayudarán a compartir mejores prácticas, sino que también pueden ejercer presión sobre los gobiernos para que adopten políticas que respeten los derechos humanos.

La lucha por la libertad en internet en 2024 presenta un panorama complejo para Colombia y América Latina. La vigilancia, la censura, y las brechas en el acceso a internet siguen siendo desafíos críticos, pero la sociedad civil ha demostrado ser un actor clave en la defensa de los derechos digitales. Es fundamental que estos esfuerzos continúen y se expandan, fomentando un diálogo inclusivo sobre la gobernanza de internet y asegurando que el internet siga siendo una herramienta para el progreso social y la defensa de los derechos humanos en la región.

Escribió para Cambio Sostenible:

Área de Derechos Humanos.