Compromisos por la justicia menstrual: Salud, saneamiento y su intersección con los derechos sexuales y reproductivos

Colombia tiene una deuda histórica con el agua potable y el saneamiento básico. Esa deuda no es neutral: golpea con más fuerza a niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes que, cada mes, deben costear de su propio bolsillo los productos de gestión menstrual.

La Organización de las Naciones Unidas ha dado pasos firmes en los últimos años. En 2022, la OMS llamó a reconocer la menstruación como un asunto de salud y derechos humanos, no solo de higiene. En 2024, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la primera resolución sobre gestión de higiene menstrual, derechos humanos e igualdad de género, y en sesiones recientes ha reafirmado la obligación de los Estados de garantizar acceso a agua potable, saneamiento adecuado e instalaciones de higiene para todas las mujeres y niñas, incluyendo la salud menstrual, y de eliminar el estigma que la rodea.

Colombia no puede desmarcarse de esta necesidad. No puede deslindar la interseccionalidad ni evadir su responsabilidad argumentando que estos conceptos no son vinculantes o estandarizados. Tampoco puede invisibilizar a las disidencias de género escudándose en el Tratado de Roma. La política exterior colombiana no puede dar la espalda a las conversaciones y compromisos globales, dejando atrás décadas de luchas históricas.

La justicia menstrual es un compromiso con la salud, con el saneamiento y con los derechos sexuales y reproductivos. No es un favor: es una obligación del Estado.

Coordinación del área de Género e Inclusión Social

Corporación Cambio Sostenible