No podemos retroceder en la justicia de género y los derechos sexuales y reproductivos

Durante la última jornada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la postura adoptada por Colombia abrió una profunda discusión sobre el compromiso global con la justicia menstrual, el saneamiento, la interseccionalidad y los derechos sexuales y reproductivos.

El dilema de la justicia menstrual y el saneamiento

El debate se detonó en el marco de la resolución L.34, una iniciativa impulsada por España y Alemania enfocada en garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Dicho texto incorpora conceptos fundamentales para la equidad de género, como las necesidades específicas de las mujeres y la higiene y salud menstrual.

Sin embargo, el embajador encargado ante la ONU, Álvaro Ayala, señaló que el país se desmarcaba de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” por considerar que carece de un lenguaje universalmente acordado en tratados vinculantes. Asimismo, precisó que Colombia entiende la “salud menstrual” de manera acotada, exclusivamente en relación con el acceso al agua, el saneamiento, la higiene y la atención sanitaria básica. Cabe destacar que, durante las deliberaciones, el país se abstuvo de votar una enmienda que buscaba eliminar por completo estas referencias del texto oficial, la cual finalmente fue rechazada.

 Los riesgos para la interseccionalidad y los derechos de las mujeres

La intervención oficial también replanteó la interpretación de nociones esenciales para el análisis interseccional de las desigualdades, tales como la “perspectiva de género”, los “estereotipos de género” y las “medidas orientadas a cuestiones de género”, redefiniéndolas bajo el paraguas general de directrices para asegurar la igualdad y prevenir la discriminación. A esto se suma el recordatorio del marco restrictivo y binario del Estatuto de Roma en su artículo 7.3, aunque reconociendo que deja la puerta abierta a diversidades de género.

Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil como Caribe Afirmativo expresaron su profunda preocupación en declaraciones a El Espectador. Activistas y defensoras advierten que este tipo de pronunciamientos oficiales representan un retroceso en la interseccionalidad, al plantear «una lectura restrictiva de conceptos que hoy permiten identificar y responder a formas específicas de desigualdad y violencia» que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y personas diversas.

Hacia dónde apunta el compromiso

El posicionamiento de Colombia en la ONU deja abierta una tensa discusión internacional y nacional. Mientras el gobierno busca alinear su discurso a marcos jurídicos estrictos, defensores de derechos humanos insisten en que desvincular el saneamiento y la higiene de la justicia menstrual integral y de los derechos sexuales y reproductivos  invisibiliza las barreras estructurales que impiden el ejercicio pleno de la dignidad y la igualdad para las mujeres y niñas en todo el mundo.

Escribió para Cambio Sostenible,

Kellys Albarrán

Co-directora