Una bitácora para avanzar en la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú
Hoy, 8 de abril de 2026, participamos en la jornada de presentación de los avances de la Hoja de Ruta institucional para la implementación del Acuerdo de Escazú, convocada por la Defensoría del Pueblo. Compartimos este espacio con la Defensora Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente, Erika Castro, y con otras entidades del Estado, academia y cooperación. Fue una oportunidad valiosa para seguir incidiendo en la Hoja de Ruta de Escazú en Colombia, retomando los diálogos que iniciamos en febrero y reafirmando nuestro compromiso con los territorios.
La democracia ambiental se construye entre todos: comunidades, entidades públicas, organizaciones, academia y cooperación. Aún tenemos muchos retos y compromisos por delante, pero seguimos caminando juntos, con la certeza de que la justicia ambiental se hace colectiva.
Principales resultados
Después del mensaje de esperanza y bienvenida por parte de la Defensora del Pueblo Iris Marín «pronto tendremos un decreto de implementación de Escazú», la Delegada para Derechos Colectivos del Ambiente y de la Naturaleza, Erika Buitrago, presentó un instrumento de socialización multinivel que contribuye a la implementación efectiva del Acuerdo: La Bitácora «Hacer Ambiente a los Derechos«.
Esta herramienta presentada tanto en formato físico como digital, representa un insumo infográfico aplicado a las situaciones cotidianas de los defensores y como entender mejor este acuerdo internacional y su importancia, finalmente tiene un espacio de apuntes y la impresión del Acuerdo de Escazú, como recordatorio de su mandato, principios y derechos. El material impreso de la Bitácora se realizó con el apoyo de Open Society Foundations.
Durante la jornada diferentes profesionales y personalidades realizaron presentaciones e intervenciones contundentes:
- Patricia Madrigal, Presidenta del Comité de Aplicación y Evaluación del Acuerdo de Escazú facilitó el contexto regional, la importancia de evaluar la interacción con la situación climática global y la relevancia de la COP4 para Colombia, al ser su primera vez en esta conferencia de las partes que discutirá exclusivamente el Acuerdo.
- Luis Felipe Guzmán, abogado experto en justicia ambiental resaltó que Colombia sobre los derechos de acceso ya tiene tensiones relacionadas con los mecanismos de exigibilidad y traer un nuevo elemento que conlleve a activar más mecanismos, por ejemplo, derechos de petición de acceso a información sustentados en Escazú y luego tutelas, como mecanismo residual ante el incumplimiento de entrega de información, podría multiplicar los esfuerzos en el acceso a información o tensionar, situación que debería resolverse con una hoja de ruta nacional sobre el Acuerdo y que a su vez, eduque a los entes públicos de diferentes naturalezas. También menciona elementos importantes sobre el información ambiental como: «Tenemos un sistema de información ambiental SIAC con información dispersa», «no hay indicadores de degradación ambiental»
- Sonia Gómez presenta un diagnóstico actual de la situación de implementación y expone que existe una débil participación formal de las comunidades, no hay sistemas de información interna que monitoreen propiamente los desafíos de defensores, hay mora judicial en el cumplimiento de los actores sentenciados a hacer valer la garantía de los derechos colectivos que conducen a una denegación clara en el acceso a la justicia ambiental. Sobre el cuarto pilar de la protección de defensores hace énfasis en tres elementos: 1) articulación interna; 2) Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y; 3) Magistratura moral.
El panorama que da este diagnóstico sobre los defensores se enmarca en los desafíos que han recrudecido los riesgos para la protección ambiental en el contexto de la Alerta 019 de 2023, sobre la reconfiguración del conflicto armado y las economías extractivas. La población vulnerable esta compuesta por aquellos defensores que se identifican como: lideres ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Los riesgos a los que se refiere el diagnóstico tienen que ver con obstáculos estructurales, ausencia de cifras (subregistro de agresiones hacia defensores), desconocimiento de la labor, en especial en territorios con débil participación institucional.
El desafío principal identificado es la falta de una política pública integral con enfoque diferencial. La meta principal es lograr el reconocimiento de defensores ambientales como actores relevantes para reducir en el mediano plazo los altos niveles de impunidad que reproducen los hechos de violencia.
El desafío más reciente se logro identificar en el marco del Convite del 19 de marzo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Priorizar los mecanismos de autoprotección. La meta es desarrollar una política de apoyo financiero a comunidades en temas de protección.
Jorge Vásquez Santamaría, analiza la congruencia normativa entre el Acuerdo de Escazú y la normativa colombiana con los objetivos de evaluar: garantía real, seguridad jurídica, prevención de riesgos antijurídicos y pedagogía institucional. A través de una metodología sociojurídica crítica, utilizando técnica documental, método hermenéutico, enfoque sociojurídico y un modelo cualitativo, realizó un estudio complejo que sistematiza categorías de análisis fruto de la comparación normativa para llegar a unas recomendaciones de implementación.
Los resultados fueron positivos en la congruencia jurídica, Colombia cuenta con un Sistema Nacional Ambiental SINA, un Sistema Administrativo y bajo el rigor subsidiario, Colombia tiene la oportunidad de ir más allá del cumplimiento de los derechos de acceso. Las tensiones llegan cuando se analiza la doctrina de ejecutividad, las formas genéricas y difusas generadas de la débil técnica legislativa y reglamentaria que ocasionan que por ejemplo, se cuente con un SINA pero no se sepa exactamente donde y quien resguarda el sistema de información ambiental, porque no aparecía en la norma.
Hallazgos frente a la programación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
- En la sección Justicia Ambiental y Gobernanza Inclusiva:
- Mencionan Veedurías Ciudadanas, pero no son las únicas en la participación.
- Se promueve la creación de un Programa Nacional de Educación Ambiental, pero no aparecen los resultados de su desarrollo
- Se menciona el compromiso a defensores ambientales
- Salvaguardas: No hay decreto de implementación aún de Escazú
Hallazgos sobre el derecho de acceso a la información.
Colombia cuenta con una Ley estatutaria de acceso a la información. Sin embargo, existen falencias en el principio de máxima publicidad. Las entidades públicas no informan (y deberían) que es:
- Información pública, cual es reservada y clasificada
- Las causales legales de reserva y clasificación de información
- No hay derroteros previos para que las personas conozcan previamente lo que no se les puede informar y de esa manera no desgastar tiempo ni recursos en una Petición, Queja, Reclamo, Solicitud (PQRS) que va a explicar que no se le puede suministrar tal información
Otros hallazgos:
- Colombia cuenta con un Índice de Transparencia ITA, y no tiene enfoque ambiental
- En cuanto a generación y divulgación ambiental, el Sistema de Información Ambiental (SIA) se encuentra disperso en 17 sistemas de información especial, los cuales no se integran ni se unifican, se deben cruzar y combinar por a parte. Por otro lado, se recomienda incluir a entidades generadoras de información pública al SIA como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Servicio Geológico de Colombia (SGC), Parques Nacionales, entre otros.
- El SIA no tiene corpus normativo ni reglamentación clara de su operación, integración y desarrollo.
Hallazgo sobre el derecho de acceso a la participación ambiental.
Colombia no cuenta con una política de verificación de cumplimiento de los espacios de concertación. Por lo que son espacios que por el momento no pueden garantizar la influencia en toma de decisiones.
Hallazgos sobre el derecho de acceso a la justicia.
En este espacio se analizaron diferentes instrumentos y mecanismos:
- Mecanismos judiciales: Se debe resolver la viabilidad en los asuntos ambientales entre la tutela y la acción de grupo
- Mecanismos administrativos: La Consulta Previa solo tiene marco de formalización jurisprudencial y no legislativo ni reglamentario.
- Audiencia pública ambiental
- Instrumentos de ordenamiento territorial: Poca participación o inexistencia en etapas de evaluación y seguimiento.
Finalmente, se entregaron recomendaciones generales para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú:
- La técnica legislativa y reglamentaria debe ser rápida
- Debe convertirse en una política pública de Estado
- Escazú se rige por el principio de no regresión y si de progresión
Como Cambio Sostenible nos sumamos al llamado de atención de la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos, del Ambiente y de la Naturaleza a nuestro territorio nacional: Tenemos que transformar la imagen histórica de tener un papel deshonroso, ser el país más riesgoso para la defensa de los derechos humanos.
Redacto para Cambio Sostenible,
Kenny S. Espinoza
Co-Director
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